El linchamiento mediático del que es objeto el Dr. Mario Casalla, profesor de la UBA, basado en supuestos documentos de inteligencia de la Dictadura mancha el prestigio de la Secretaría de Derechos Humanos (en la persona de su representante en Salta) y nos refiere al terror de "algo habrá hecho".
Ha de ser la justicia, en nuestra ganado estado de derecho, quien determine las responsabilidades del caso y no la vindicta política de quienes pretenden ganar espacio interno en base a la estigmatización.
La presunción de inocencia -concepto que la Facultad de Psicología de la UBA aparentemente desconoce- es una base de nuestro estado de derecho.
Escaso favor para la lucha en favor del juicio y castigo para los cómplices civiles de la dictadura es poner a los adversarios políticos en esa vereda.
Pretender que Casalla sea dos veces víctima, la primera vez en 1976 cuando fué expulsado por "subversivo" de la Universidad de Salta y la segunda ahora con una imputación mediática sólo describe al denunciante y no al denunciado.
No sólo que el fin no justifica los medios sino que a través de los medios se puede inferir cuál es el verdadero fin.
El prudente silencio de los organismos de Derechos Humanos frente al hecho no hace más que dejar en evidencia la maniobra política con la que se pretende estigmatizar a un pensador argentino con quien se puede acordar o disentir, situación que no nos otorga el derecho de ponerlo del bando de quienes pretendieron hacer poner de rodillas a un pueblo que lucha por ponerse de pie.
Claudio Corriés
Es Secretario Nacional de SADOP y ex Secretario General de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y de la Cultura
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